La larga lucha de las latinoamericanas que han conseguido importantes victorias en los últimos años en el terreno de la despenalización inspira ahora a las estadounidenses a defender sus derechos reproductivos

La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, de mayoría conservadora, de revocar el caso Roe contra Wade (1973) parte en dos el derecho de las estadounidenses a tener a acceso a un aborto legal y seguro. Se estima que más de 36 millones de mujeres podrían verse afectadas, las que viven en los Estados en manos de republicanos: mientras algunos de ellos ya tenían leyes listas que prohiben la interrupción del embarazo, otros lo harán en los próximos meses, lo que afectará especialmente a las que pertenecen a minorías raciales y clases bajas.

“Hay mucha incertidumbre y confusión, pero el aborto sigue siendo legal en parte de EE UU hasta la semana 15 de gestación”, afirma en conversación con Americanas Charo Valero, gerente en Florida del Instituto Nacional de Latinas por la Justicia Reproductiva (NLIRH, en sus siglas en inglés). Según explica, la decisión del máximo tribunal perjudicará de manera especial a las comunidades más vulnerables, entre las que se encuentran muchas hispanas y migrantes residentes en los Estados más restrictivos, que enfrentarán barreras estructurales si deciden interrumpir sus embarazos. “Se está viendo en Texas: las personas que no tienen los recursos financieros, el transporte, días libres en el trabajo o que tienen que cuidar de niños, se ven forzadas a permanecer embarazadas y dar a luz en contra de su voluntad o buscar servicios de aborto fuera del la órbita de los abortos legales y seguros”, apunta.

El segundo Estado más poblado de EE UU aprobó en septiembre pasado la denominada ‘ley del latido’ que prohíbe el aborto desde las seis semanas de gestación. Ahora, las residentes en Texas que deciden interrumpir sus embarazos tienen la opción de acudir a los conocidos como Estados santuario, aquellos donde el aborto es legal y que están buscando fórmulas para convertirse en refugio para las mujeres que viven en lugares con legislaciones que lo prohíban. Algunas estadounidenses también están cruzando la frontera para abortar en México, un país que en septiembre pasado protegió el derecho de las mujeres a decidir cuando el Supremo declaró inconstitucional criminalizar a quienes decidan interrumpir su embarazo.

Pero, como advierte Valero, estas opciones siguen siendo más fáciles para quienes tienen recursos. “La preocupación es qué pasa con las que no. Es un ciclo vicioso económico”, asegura la portavoz de Florida de NLIRH. En el caso de las mujeres que acuden a su organización, por ejemplo, hay muchas inmigrantes recién llegadas que no dominan el inglés y que, o por su falta de recursos o por su estatus migratorio, no podrían viajar a otro Estado o fuera del país en el caso probable de que Florida —un Estado en manos de republicanos— decida penalizar el aborto.

Que la decisión de interrumpir un embarazo tiene una dimensión económica importante no solo se ve sobre el terreno, también lo dicen los economistas, como cuenta la corresponsal económica de EL PAÍS América Isabella Cota en este artículo. “Estudios mayoritariamente hechos en EE UU muestran que el costo de llevar a término un embarazo no deseado se mide en alta deserción escolar, reducción en las oportunidades laborales y de mayor ingreso, angustia financiera, menor acceso al crédito bancario y un mercado laboral que excluye a las madres por ser tradicionalmente consideradas las cuidadoras de la familia”, explica.

Además, como sucede en los países de América Latina que penalizan el aborto en cualquier circunstancia (El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana), quienes decidan interrumpir sus embarazos en los Estados más restrictivos correrán el “peligro de ser investigadas, que les quiten a sus hijos, perder sus medios de vida y hasta ser encarceladas”, advierte Valero. Y muestra su preocupación de que lo que debería ser un derecho fundamental se haya politizado con una Corte Suprema de mayoría conservadora que el expresidente Donald Trump moldeó a su gusto en los cuatro años de su Gobierno. “No hay ninguna corte o político que deba dictar quién puede tener hijos, cuándo, cuántos o bajo qué circunstancias. Son derechos fundamentales y nosotras no vamos a parar de luchar de alzar conciencias, especialmente cuando sabemos que tenemos el apoyo de la mayoría”, asegura.

“Bajo la idea de que no está tomando partido, el Tribunal Superior ha tomado partido contra el sentido mayoritario de EE UU. Las estadísticas muestran que la mayoría de la gente en el país no cree que quienes interrumpen voluntariamente su embarazo tengan que ir a la cárcel”, coincide Macarena Sáenz, directora de la División de Derechos de Mujeres de Human Rights Watch, en una entrevista con Georgina Zerega. Para ella, la decisión del Supremo de EE UU es “una violación de derechos humanos”, “un signo de erosión de la democracia” y pone en peligro a las mujeres en un país que no garantiza el acceso a la salud pública. “Los problemas sanitarios que vienen están por verse, pero no hay razón para pensar que EE UU no vaya a tener el mismo destino que Nicaragua o El Salvador”, añade.

La sentencia de EE UU está motivando a los grupos de mujeres en todo el mundo a defender este derecho. En América Latina, la larga lucha feminista que ha conseguido importantes victorias en los últimos años en el terreno de la despenalización está inspirando ahora a las estadounidenses a defender sus derechos reproductivos, hasta el punto de que en las protestas por el aborto legal y seguro en EE UU se han multiplicado los típicos pañuelos verdes que popularizaron las feministas argentinas y que son un símbolo en el continente.

Mariana Ardila, abogada de Women’s Link, dice que varias altas cortes de la región se han convertido en referentes más allá de sus países. “Estos tribunales han fallado casos recientes y emblemáticos sobre el aborto con argumentos más comprehensivos y evidencia más actual que Roe. Son los Roe de nuestros tiempos, decididos con nuestras realidades y marcos constitucionales. Es el denominado constitucionalismo del sur global, reconocido por temas como la protección de los derechos sociales o el medioambiente”, escribía hace unos días a propósito de la decisión de Estados Unidos.

Ardila pone el ejemplo de Colombia, que logró con la sentencia de la Corte Constitucional de inicios de este año despenalizar el aborto hasta la semana 24, con fundamento en el derecho de la dignidad humana, en la igualdad entre hombres y mujeres, en el derecho a salud y en los límites constitucionales al derecho penal. Roe, entre tanto, escribe la abogada, se basó únicamente en la protección constitucional de la libertad para decidir sin interferencia estatal en asuntos íntimos. “Este conjunto de argumentos, los que quedaron en la sentencia colombiana, no solo otorga, con límites, libertad para decidir sobre el aborto como Roe, sino que restringe enormemente el uso del derecho penal y obliga a garantizar el acceso sin barreras y en igualdad, algo que Roe nunca protegió directamente”.

La abogada recuerda otras dos recientes decisiones judiciales emblemáticas en la región. En México, la Suprema Corte declaró inconstitucional penalizar el aborto y llamó a garantizar el acceso en una decisión con efectos federales. En Ecuador, la Corte Constitucional ha exhortado a la Asamblea Nacional a regular y garantizar el acceso con una ley, y hace poco despenalizó el aborto en casos de violación. “Estos son solo algunos ejemplos de sistemas de justicia que han entendido que penalizar el aborto y dificultar su acceso no salva ninguna vida, sino que, por el contrario, dilata el procedimiento y pone vidas en riesgo. Es hacia esa dirección a donde deberían moverse las leyes y decisiones judiciales en el mundo y es un aprendizaje que el norte debería tomar del sur global”, escribe Ardila, que hace un llamado a cuestionar “el imperialismo jurídico”.